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La delegada del Gobierno en Extremadura, Carmen Pereira, anunció el pasado día 17 que, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, se pondrán en marcha "medidas puntuales" de cara a agilizar los trámites de contratación legal de trabajadores extranjeros para la próxima campaña de vendimia de la zona de Tierra de Barros, en la provincia de Badajoz.

 

Pereira hizo estas declaraciones en el transcurso de una reunión, celebrada a lo largo de esta mañana en la capital pacense, en la que también participaron responsables de la Delegación Territorial de la Inspección de Trabajo, la Tesorería de la Seguridad Social y "máximos responsables de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (CFSE) en la región.

 

La delegada señaló que estas medidas se desarrollarán de forma puntual, para solucionar en parte el problema de la comarca de Tierra de Barros y los asentamientos ilegales de trabajadores extranjeros, que llegan bajo el reclamo de la próxima campaña de recogida de la uva, y la que se iniciará después de la cosecha de la aceituna.

 

En este sentido Pereira dijo que se pondrá en marcha este protocolo de agilización dado que "algunos empresarios agrícolas" no han previsto el número real de trabajadores que iban a necesitar para las campañas, bajo "unos plazos fijados por la ley".

 

Con estas medidas se quiere hacer cumplir la legalidad vigente y dar solución a la demanda de mano de obra agrícola, ofreciendo la posibilidad de resolver los contratos a temporeros desde las subdelegaciones del Gobierno en Badajoz y Cáceres, en el menor tiempo posible, facilitando el proceso administrativo de la legalización de los contratos.

 

Para este caso puntual "no se exigirá" que se presente la documentación en los tres meses anteriores a esa contratación, marcados por ley, si no que se da la facilidad de que "los trámites del permiso de trabajo y el alta en la seguridad se resuelvan en tres o cuatro días".

 

No obstante, y a pesar de estas medidas excepcionales, Pereira pidió a los empresarios y las asociaciones agrícolas mayor previsión de cara a las próximas campañas de recogida, dado que será "inflexible e intolerantes total y absolutamente con la contratación ilegal", sin "permitir ningún tipo de explotación laboral ni de economía sumergida".

 

PROTOCOLO DE AUXILIO.

 

Además, a lo largo de este encuentro, se sentaron las bases para poner en marcha el protocolo de actuación, elaborado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, para establecer los criterios del operativo de "auxilio" que los cuerpos y fuerzas de seguridad deben prestar a los inspectores de trabajo en el desarrollo de su trabajo para sacar a la luz supuestas contrataciones ilegales o personas sin permiso de trabajo.

 

Pereira señaló que se trata de una instrucción ministerial "muy oportuna", dado que la región se encuentra en una "época de recolecciones" en la que se "pueden dar estas conductas de contratación ilegal".

 

ASENTAMIENTO DE RUMANOS.

 

Por último, Carmen Pereira explicó que a lo largo de la pasada semana se han llevado a cabo inspecciones de trabajo en los asentamientos de rumanos en Tierra de Barros, así como en las explotaciones y empresas agrarias en las que se entienden están trabajando.

 

Estas inspecciones, a un ritmo de diez al día, se han llevado a cabo por agentes de la Guardia Civil y la Inspección Territorial de Trabajo en varias localidades de la comarca, con el resultado de 25 contratos irregulares encontrados, una labor que continuará en los próximos días.