Contenido

26/12/2008  -  MTIN

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 102 personas en una operación desarrollada en Granada en la que se ha destapado un fraude a la Tesorería de la Seguridad Social superior a los 4.200.000 euros. Los detenidos están acusados de delitos de falsedad documental y estafa; además, a cinco empresarios arrestados se les imputan delitos de insolvencia punible y contra la Seguridad Social.

Una investigación que se inició al detectar la existencia de varias empresas que, a medida que iban acumulando deudas por impago de las cuotas de seguros sociales a la Tesorería General de la Seguridad Social, causaban baja. Tras pasar a una situación de insolvencia se constituían nuevas mercantiles gestionadas por las mismas personas y a las que pasaban los trabajadores de las deudoras.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social comprobó la inexistencia de obras que justificaran el elevado número de trabajadores, cerca de 1.800, que dichas empresas, dedicadas a la construcción, mantenían en alta. Además, se verificó que la práctica totalidad de los trabajadores de estas mercantiles, tras permanecer en alta los periodos mínimos exigidos legalmente, solicitaban las correspondientes prestaciones y/o subsidios por desempleo.

El operativo policial ha puesto al descubierto la existencia de este entramado empresarial integrado por diez empresas dedicadas a la actividad de la construcción, en la modalidad de subcontratas, que de forma personal y directa eran dirigidas y controladas por dos de los arrestados.

Domicilios falsos y testaferros

Para constituir esas mercantiles, los cabecillas hacían facilitaban domicilios falsos, pertenecientes en algunos casos a profesionales de la gestión. Además, se consignaba como socios y administradores de las empresas a personas que no ejercían tales funciones y que no eran sino meros "testaferros", los cuales habían sido trabajadores de empresas anteriores y, en la mayoría de los casos, con amplios antecedentes policiales. El objetivo era ocultar la verdadera identidad de los responsables, la localización de las empresas y, en definitiva, eludir las acciones ejecutivas que por parte de la Seguridad Social pudieran llevarse a cabo.

En estas empresas, que tenían una escasa actividad laboral o carecían de ella, -de hecho la Inspección de Trabajo solamente localizó una obra con trabajadores-, habían sido dadas de alta un elevado número de personas. Estos supuestos trabajadores declararon haber trabajado, pero no identificaron los lugares, circunstancias y situaciones en que desarrollaron la supuesta actividad laboral. Una gran parte eran mujeres, muchas de las cuales se dedicaban de forma habitual a la venta ambulante y, en otros casos, no habían tenido actividad laboral anterior.
Las personas que eran dadas de alta en estas mercantiles, tras acumular los mínimos periodos de carencia legalmente establecidos, solicitaban y obtenían del INEM, en base a esta supuesta actividad laboral, prestaciones y/o subsidios por desempleo, ascendiendo el importe de lo percibido a más de 650.000 €.

Todas las empresas que integran el grupo venían incumpliendo de forma sistemática, y desde el inicio de su actividad, la obligación de cotizar por los seguros de sus trabajadores, ascendiendo el importe de los descubiertos a unos 4.200.000 €.

La operación, desarrollada por la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la UDEF Central, adscrita a la Comisaría General de Policía Judicial; junto con la Brigada Provincial de Policía Judicial de Granada, no ha concluido y no se descartan nuevas detenciones al detectarse la posible existencia de nuevas empresas vinculadas al grupo.