22/05/2014 - MEYSS
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, han firmado hoy un Convenio de colaboración para la lucha contra el empleo no declarado. El objetivo es estrechar más la colaboración entre ambas Administraciones dentro del Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, aprobado por el Gobierno hace dos años.
“Una colaboración que nos permite avanzar más y más rápido hacia ese empleo de calidad que implica la lucha contra el empleo irregular”, subrayó Báñez.
La ministra ha destacado que con este convenio las dos administraciones refuerzan la estrecha colaboración con la que han venido trabajando durante estos dos años para sentar unas bases sólidas de crecimiento económico, crear empleo estable y mantener la calidad de los servicios públicos y la sostenibilidad del sistema público de protección social. “Unos objetivos que necesitan la participación de todos, y a cuya consecución Galicia está contribuyendo de forma extraordinaria”, señaló.
En el plano nacional, todas las actuaciones desplegadas desde la aprobación del Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social se han traducido en más eficacia y en mejores resultados en la lucha contra el fraude.
“Unos buenos resultados que continúan incrementándose en los primeros meses de 2014, particularmente en cuanto a empleos irregulares aflorados, detección de empresas ficticias y liquidación de cuotas a favor de la Seguridad Social, que a buen seguro se verán mejorados gracias al convenio que acabamos de firmar, aseguró Báñez.
Así, entre 2012 y 2013 las actuaciones inspectoras han permitido aflorar más de 170.000 empleos irregulares en el conjunto de España y el impacto económico global en 2012 y 2013 se estima que alcance, en una primera valoración, los 7.600 millones de euros. Y en cuanto a la detección de empresas ficticias –aquellas que se constituyen con el único fin de facilitar la percepción indebida de prestaciones-, alcanzaron en 2013 las 3.937, un 153% más que en 2012.
Báñez destacó la importancia de luchar contra el fraude en la defensa de un empleo de calidad porque “el buen funcionamiento de la actividad inspectora es la garantía para velar por los derechos laborales y sociales de los trabajadores, que es la premisa del empleo de calidad, y para garantizar que todos contribuimos a sostener el sistema de Seguridad Social, premisa de unos servicios públicos de calidad”.