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15/04/2008  -  Diario Expansión

Los Tribunales están endureciendo a los empresarios las penas por falta de prevención de riesgos en el ámbito laboral. Esta tendencia se inició en el ámbito judicial hace unos años con motivo del crecimiento de la siniestralidad laboral, pero sigue cobrando fuerza.

Fue la Audiencia Provincial de Madrid la que abrió la puerta a que se aplicara la privación de libertad incluso sin que hubiera víctimas mortales.

Ahora, una sentencia del Juzgado de lo Penal 1 de Logroño acaba de confirmarlo, después de condenar a los apoderados de una empresa constructora a pagar una multa de 3.000 euros cada uno por una falta de homicidio por imprudencia leve.

Según explica la sentencia, la empresa estaba realizando la ampliación de una bodega y construyendo una vivienda unifamiliar en San Asensio. Uno de los obreros estaba trabajando en el encoframiento del techo de la planta baja, tratando de acabar el vuelo en esquina del encofrado colocando una tabla final.

Sin protección

Cuando había colocado la tabla y las puntas semiclavadas en un extremo, trató de clavar el otro, y, al parecer, pisó sobre ella y se volteó, perdiendo el equilibrio y cayendo al suelo, golpeándose fuertemente la cabeza. Como consecuencia del accidente, sufrió un traumatismo craneoencefálico, falleciendo dos días después. La sentencia ha apreciado que en la obra no había protecciones colectivas para evitar las caídas de altura, ni protección individual, al no utilizar sistemas autorizados y sin haberse instalado cable fiador donde anclarlo.

Por ello, el juez considera a los apoderados autores criminalmente responsables de una falta de homicidio por imprudencia leve, con una pena de dos meses de multa a cincuenta euros diarios.