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01/12/2009 - IP Valencia
Las actuaciones de comprobación fueron asignadas al Inspector de Trabajo y Seguridad Social D. Pascual García Martínez a finales del 2005; se trataba de emitir, en relación con el proveído dictado en las diligencias previas 1303/04, por el Juzgado de Instrucción nº 17 de los Valencia, seguidas por el fallecimiento de un trabajador, informe sobre su exposición al amianto y el cumplimiento por aquéllas de sus obligaciones preventivas.
Distintas sentencias de Juzgados de lo Social de Valencia (posteriormente ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana) - Ver archivo adjunto-, en su resultancia fáctica, tenían declarado que en la empresa UNIÓN NAVAL DE LEVANTE, S.A., se dejó de utilizar el amianto en el año 1982, siendo sustituido por otros materiales como fibra de vidrio o lana de roca.
La empresa no figuraba inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto.
Tras examinar detenidamente más de 50 proyectos de construcción de buques, revisar las fichas de reconocimientos médicos del personal, mantener numerosas entrevistas con el personal afectado, responsables y encargados de secciones y mandos, se elaboró por el inspector actuante un informe con fecha 26 de junio de 2006, al que se incorporó la correspondiente prueba documental acreditativa, en la que se dejaba constancia de forma meridiana, que la empresa UNIÓN NAVAL DE LEVANTE, S.A., no sólo utilizó el amianto en la construcción de barcos en el periodo anterior a 1982, sino que siguió, sin solución de continuidad, haciendo uso de ese contaminante mineral en la construcción y reparación de buques hasta bien entrada la década de los 90, relacionándose el conjunto de deficiencias preventivas observadas.
Tal y como han reconocido públicamente los representantes de los trabajadores en la empresa y la asociación de jubilados, este primer informe supuso un vuelco en la línea de investigación del propio Juzgado y de la Fiscalía que abiertamente empezaron ya a considerar la existencia de delito por el fallecimiento del primer afectado (posteriormente fallecerían 19 trabajadores más).
Tras esta primera actuación, al tener conocimiento del informe de la Inspección de Trabajo, se fueron acumulando a las diligencias precitadas, otras tantas denuncias, llegando la causa a agrupar acciones por los 20 trabajadores fallecidos y los 51 lesionados, emitiéndose informes por cada uno de ellos.
Simultáneamente, se promovieron ante la Entidad Gestora de las prestaciones de Seguridad Social (INSS) expedientes de recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad y salud en el trabajo. Se han llegado a proponer, hasta la fecha, unos 30 recargos, habiendo sido todos ellos confirmados en primera instancia por los Tribunales del Orden Social.
La causa penal ha finalizado recientemente, previa la conformidad de los imputados (la legal representante y tres jefes de seguridad), con la condena firme por un delito contra los derechos de los trabajadores (316 y 318 del CP) en concurso ideal con 20 faltas de muerte por imprudencia (artículo 77 en relación con el 621.2 del CP) y de 51 faltas de lesiones por imprudencia con la concurrencia de la circunstancia atenuante de la reparación del daño (artículo 621.3 CP).
Esta condena es la primera que se produce en nuestro país en relación con la utilización indebida del mineral de amianto.
Asimismo, las partes alcanzaron un acuerdo indemnizatorio por los daños y sufrimientos causados que supone para la empresa un coste indemnizatorio superior a los diez millones de euros.
Finalmente, por esta Inspección se siguen actuaciones en relación con aquellos trabajadores a los que se les ha declarado la enfermedad profesional, pero continúan trabajando en la empresa, controlando que los puestos desempeñados en la actualidad sean compatibles con tales dolencias, así como la realización por la empresa de la vigilancia médica adecuada a las patologías ya declaradas.
