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11/06/2010  -  IP Baleares

El pasado 31 de mayo un grupo de tres Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y dos Subinspectoras de Empleo participaron en los registros que se realizaron, por orden del Juzgado núm. 4 de Ibiza, en el domicilio particular del Sr. Ferré Cardó y en la nave-oficina central del grupo hotelero GPS, propiedad del arriba mencionado, quien también es propietario y administrador de la mayoría de las sociedades que componen el grupo. A Ferré Cardó se le imputan varios delitos de fraude fiscal, un delito de fraude a la Seguridad Social y otro contra los derechos de los trabajadores, por haber sometido a empleados a condiciones laborales ilegales.

Los registros se realizaron junto con Inspectores de la Agencia Tributaria, Policía Judicial y Fiscalía anticorrupción. La actuación de la Inspección de Trabajo en el marco de la operación realizada supone, además, un paso importante en la colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con la Agencia Tributaria, así como otros organismos del Estado (Fiscalía Anticorrupción y Policía), todo ello con objeto de luchar contra el fraude de una manera más integrada.

El Grupo Playa Sol (GPS) es un conglomerado de empresas y hoteles. Los hoteles se encuentran casi en su totalidad en la isla de Ibiza, y son administrados por Ferré Cardó. La Inspección de Trabajo lleva realizando actuaciones inspectoras en el grupo empresarial al menos desde 2004. En ese año se instruyó un expediente sancionador al Grupo por obstrucción muy grave a la Inspección. En el año 2006 se levantaron actas de infracción y liquidación por trabajadores extranjeros ilegales y falta de alta de trabajadores en la Seguridad Social.

La Inspección de Trabajo de Baleares ya había actuado con anterioridad en el grupo empresarial. Durante 2007 se realizaron inspecciones al grupo y a los hoteles, comprobando diversas irregularidades en materia laboral, de extranjería y de Seguridad Social, y encontrando la existencia de falsos trabajadores autónomos, muchos de ellos que trabajaban como camareros de pisos. Las actas de inspección reflejaron entonces la situación de los supuestos trabajadores autónomos, en gran parte de nacionalidad rumana, quienes tenían que abonarse directa o indirectamente su propia Seguridad Social, no tenían derecho a las posibles prestaciones de desempleo cuando terminaban la relación laboral y, al tratarse de trabajadores por cuenta propia, no requerían (en aquella fecha) permiso de trabajo. Las actuaciones concluyeron con el levantamiento de actas de infracción por 71 Trabajadores e importe de 2.102.630,33 euros.

Por otra parte, en ese mismo año la Inspección de Trabajo de Baleares obtuvo la colaboración de la Inspección de Trabajo de la República Checa para poder determinar la existencia de desplazamientos temporales de cientos de trabajadores a través de una empresa instrumental o - buzón - del propio Ferré Cardó (Human Resources Corp.), con sede en dicho país. Tanto la empresa cedente como la totalidad de empresas cesionarias receptoras de la prestación de servicios de los trabajadores desplazados formaban parte de un grupo. El reclutamiento de los trabajadores de distintas nacionalidades para trabajar en España, sin embargo, no reunía los requisitos legales de la Directiva europea de desplazamientos, lo que motivó el levantamiento de actas por infracción a la legislación de la Seguridad Social española. Consecuentemente, se levantaron actas por importe de 1.150.000 euros, afectando a 184 trabajadores, y actas de liquidación de cuotas por dichos trabajadores, que ascendió a 722.901. El motivo de dichas actas de inspección fue el fraude consistente en ahorrarse las cuotas de la Seguridad Social española, cotizando por salarios mínimos mucho más bajos en el país de origen, pero pagando en España salarios superiores. También se detectó una huida generalizada de la aplicación de las garantías y derechos de la legislación española (en especial en materia de despidos, negociación colectiva, promoción y formación, etc).

En noviembre de 2008, y a resultas de tales actuaciones, se remitió comunicado al Ministerio Fiscal al apreciar la existencia de hechos que pudieran ser constitutivos de delitos contra los derechos de los trabajadores.

Actualmente, la Inspección de Trabajo está realizando las actuaciones y expediente administrativo correspondiente a los desplazamientos que se produjeron en el verano de 2009. Además, se han realizado otras inspecciones puntuales, a consecuencia de denuncias sindicales, en materia de prevención de riesgos laborales, empleo, prestaciones de desempleo, etc.

Los Inspectores y Subinspectores que participaron en el registro podrán, en su caso, completar actuaciones que no pudieron realizarse por la permanente obstrucción y ocultamiento del grupo.