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26/07/2010  -  IP Castellón - DGITSS

A través de un anuncio publicado en Internet se detectó que, a cambio de dinero, se ofrecía la tramitación del alta en la Seguridad Social a trabajadores sin mediar prestación de servicios.

Al no poder localizar el centro de trabajo ni comparecer la empresa a los requerimientos realizados, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Castellón logró contactar con cuatro trabajadores. A partir de sus declaraciones y de la documentación examinada, se comprobó que:

a) No constaba que estos trabajadores realmente hubieran recibido remuneración alguna,
b) No se definieron con claridad los trabajos desarrollados, pues ninguno de ellos precisó el lugar donde prestó sus servicios. Incluso uno de ellos indicó que había excavado una zanja en un lugar donde no existía rastro alguno de ella,
c) Ninguno pudo identificar al capataz que les ordenaba el trabajo, aunque sí al empresario,
d) Tampoco recordaban el nombre de ninguno de sus compañeros de trabajo, y
e) Finalmente las firmas de la documentación presentada eran de dudosa credibilidad.

La empresa había figurado sin trabajadores en alta durante 7 años, de enero de 2003 a enero de 2010. Al reanudar su actividad en febrero de 2010 no ingresó las cuotas de en el Régimen General de la Seguridad Social. A su vez, su administrador tampoco ingresaba las cuotas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos desde el año 2006, por lo que adeudaba 23.089 euros.

Los trámites de solicitudes de altas, bajas, boletines de cotización y contratos de trabajo los realizaba una persona en calidad de gestora, para lo cual utilizaba los servicios de dos trabajadoras a las que no había dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social.

De las averiguaciones realizadas se concluye que el fraude lo realizó una persona gestora, con la connivencia de una empresa constructora sin actividad real y 23 trabajadores. Todos ellos simularon la contratación de los trabajadores, en connivencia con ellos, suscribiendo contratos de trabajo y solicitando su alta en la Seguridad Social, con el fin de percibir indebidamente prestaciones por desempleo.

Por todos estos hechos se han extendido las correspondientes actas de infracción y, propuesto las bajas en la Seguridad Social de los trabajadores.

 Asimismo se han remitido las actuaciones al Ministerio Fiscal por si los hechos fueran constitutivos de delito.