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12/02/2008  -  MTAS

La Sección de Investigación de la Seguridad Social, dependiente de la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría General de Policía Judicial, ha descubierto fraudes a la Seguridad Social, durante el año 2007, por valor de 102 millones de euros (102.000.000), importe del que se estima que más de la mitad ha sido recuperado. Este es el resultado de un total de 752 investigaciones llevadas a cabo, que han dado lugar a la instrucción de 342 atestados, 76 informes a las Autoridades Judiciales y más de 752 informes a entidades de la Seguridad Social, resultando detenidas 403 personas e imputadas otras 179 mas.

A través de estas actuaciones, que se llevan a cabo a requerimiento de las distintas Entidades de la Seguridad Social, como consecuencia de las irregularidades que detectan en sus controles habituales, o bien por comunicación de otras Unidades Policiales sobre denuncias que reciben y de las Autoridades Judiciales sobre hechos de los que conocen, han sido investigadas unas 404 personas jurídicas y mas de 1650 personas físicas.

Principales delitos

►Contra la Seguridad Social, cometidos por los responsables de empresas que incumplen sistemáticamente la obligación de cotizar, tratan de ocultar la verdadera titularidad de las mercantiles, utilizando empresas interpuestas o testaferros con el objeto de eludir las acciones ejecutivas de la Seguridad Social. El Código Penal sanciona estas conductas como delito específico contra la Seguridad Social cuando la deuda alcanza la cantidad de 120.000 euros en un mismo ejercicio.

►Insolvencia punible, cometida por aquellas personas jurídicas, en las que tras acumularse deuda con la Seguridad Social, por incumplir la obligación de cotizar, cambian la denominación de la empresa o producen una descapitalización de la misma mediante el traslado de los elementos patrimoniales a otras mercantiles creadas al efecto, utilizando en la mayoría de los casos testaferros, quedando la deudora en situación de insolvencia, o por aquellas personas físicas que incumpliendo igualmente y de forma sistemática la obligación de cotizar, cuando tienen conocimiento de que por parte de la Seguridad Social se ha iniciado el procedimiento de apremio, venden o simulan la venta de sus bienes, produciéndose así una situación de insolvencia del deudor.

►Falsificación de documentos de cotización (certificados de situación de cotización o boletines de cotización) cometidos por responsables de empresas, que fundamentalmente actúan en la modalidad de subcontratas en la construcción o servicios, con el fin de acreditar ante las empresas contratistas, a efectos de la responsabilidad solidaria o subsidiaria, los pagos de las cuotas de seguros sociales que no han realizado.

►Otras falsedades documentales en relación con el alta y afiliación de trabajadores llevadas a cabo, en unos casos para simular una relación laboral inexistente y como consecuencia de la misma obtener, prestaciones, subsidios u otros beneficios que la afiliación al Sistema de Seguridad Social contempla, y en otros, casos de ciudadanos extranjeros en situación ilegal, para realizar una actividad laboral cuando carecen del preceptivo permiso de trabajo.