ZARAGOZA

24/01/2006  -  EUROPA PRESS

El presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, acompañado por el titular de Economía, Eduardo Bandrés, y el fiscal general de Estado, Cándido Conde-Pumpido, han suscrito hoy en Zaragoza un convenio de colaboración para coordinar esfuerzos en materia de siniestralidad. Con este acuerdo se consigue dotar a la comunidad autónoma de la figura de un fiscal especializado en esta materia, cargo que ocupará María Asunción Losada.

Su trabajo consistirá en llevar un adecuado control de los procedimientos administrativos sancionadores en materia de prevención de riesgos laborales y actuará bajo la dirección y dependencia del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que podrá recabar información de la Administración y facilitar a la misma cuantas informaciones le interesen, excepto el secreto de actuaciones procesales.

Iglesias recordó que uno de los retos es avanzar en seguridad laboral y evitar posibles riesgos en el trabajo. Pese a que Aragón tiene un índice de incidencia 20 puntos más bajo que la media, destacó, "siempre que se produce un accidente lo sentimos como un fracaso". Por ello, insistió en que la creación de esta figura del fiscal especializado, largamente demandada por los agentes sociales, supone "un paso adelante" en la prevención de los accidentes laborales.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, consideró que un país jurídica y económicamente avanzado no puede permitirse unos niveles de siniestralidad laboral como los que se registran en la actualidad. Por ello, explicó que esta figura del fiscal especializado ya se ha comenzado a instaurar en varias comunidades autónomas y el objetivo final es conseguir que haya uno de estos expertos en cada provincia. Todos ellos, concretó, estarán coordinados por un fiscal de sala que estará en Madrid.

Conde-Pumpido insistió en la importancia de "perseguir" a aquellos empresarios que "cuentan como costes la salud de los trabajadores". "No se puede ahorrar en gastos lo que otros pagan con su salud", indicó.

El fiscal general del Estado consideró que se están dando pasos importantes en el control de empresarios que vulneran la ley y cada vez hay más instrumentos jurídicos. Así, informó de que el número de procedimientos que se inician se está duplicando porque la persecución es cada vez más intensa. En este sentido, el presidente del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias, coincidió en destacar la necesaria actuación de la Inspección de Trabajo y adelantó que se doblará el número de efectivos en Aragón.

En virtud de este convenio, la comunidad autónoma de Aragón articulará los instrumentos necesarios de especialización y colaboración con el Ministerio Fiscal y éste coordinará la información relativa a los procedimientos penales en curso. Ambos organismos realizarán conjuntamente actuaciones específicas de carácter divulgativo para la difusión de los derechos y obligaciones establecidos en la normativa preventiva y las posibles responsabilidades penales que de ellos se puedan derivar.

Para el buen fin de esta colaboración y cooperación deben establecerse, por un lado, sistemas de comunicación fluidos y recíprocos entre ambas partes y, por otro, procurar medios de formación, información y asesoramiento, prácticos y debidamente actualizados. Esta comunicación facilitará tanto un mejor conocimiento de los miembros del Ministerio Fiscal en materia de condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, como de los órganos administrativos competentes en materia de tratamiento penal de las conductas antijurídicas en este campo.

Otra de las cláusulas del convenio hace referencia a la Administración, ya que ésta pondrá en conocimiento de la Fiscalía aquellos supuestos en los que intervenga y se aprecien indicios racionales de delito, siendo objeto de atención especial los casos en que resulten afectados trabajadores especialmente protegidos por la normativa preventiva y las situaciones de riesgo grave e inminente.