30/10/2006 - EL PAIS
La persecución judicial de los accidentes laborales, hasta ahora muy laxa, se endurece. Los Inspectores de Trabajo remitirán a la Fiscalía especial contra la siniestralidad todos los casos en los que detecten infracciones graves de las normas de salud laboral, incluso cuando no se haya producido una muerte o lesión, pero se considere que peligra la vida del trabajador, según un acuerdo entre inspectores y fiscales. Las recientes condenas con penas de cárcel para los responsables de las obras han puesto en alerta al sector. El número de arquitectos técnicos que renuncia a hacerse cargo de la coordinación de seguridad crece y los colegios profesionales estudian aconsejar formalmente a sus aparejadores que no acepten esas tareas.
Con casi un millón de accidentes al año (casi un millar de muertes), España es el país europeo con mayor siniestralidad laboral, pero sólo uno de cada cinco casos mortales llega a los tribunales. Para reforzar los controles, la Inspección de Trabajo ultima una instrucción interna para trasladar a sus profesionales la orden de que deben remitir a la Fiscalía todos los casos en los que detecten infracciones graves, aun cuando no hayan provocado accidentes (por ejemplo, peligro de caída del trabajador desde más de dos metros por ausencia de protección). En la actualidad, esos casos se suelen resolver con una multa o una indemnización económica a la víctima o sus familiares.
La orden entrará en vigor próximamente, aunque en la práctica ya se está produciendo una mayor cooperación entre ambos organismos. Esta nueva directriz es fruto de la colaboración entre el fiscal especial de accidentes, Juan Manuel de Oña, y la Inspección, que depende del Ministerio de Trabajo. Sobre el papel, los inspectores ya tienen la obligación de informar a la justicia cuando descubren algo perjudicial para la vida de los trabajadores, pero hasta ahora "se hacía poco", según De Oña, que asumió este cargo, de nueva creación, en abril pasado.
El tratamiento penal de los delitos laborales ha mejorado. En 2000 sólo se dictaron en audiencia provincial e instancias superiores 19 sentencias por accidente laboral, según los datos de la Fiscalía. El año pasado hubo 92. En la mayor parte de los casos se demuestra que el trabajador estaba desprotegido. De las 335 sentencias dictadas en los últimos cinco años, 210 resultaron condenatorias por delito (en el resto se detectaron faltas o se absolvió al acusado). En un 95% de los casos se había producido un resultado lesivo para el trabajador; sólo un 5% constituían delitos exclusivamente de riesgo.
El nuevo fiscal pretende que no haya delitos laborales impunes y así prevenir la aparición de nuevas infracciones. Desde antes de verano, De Oña ha mantenido reuniones con responsables de la Inspección de Trabajo: "Es fundamental que conozcamos su forma de actuar y ellos la nuestra. Esa cooperación es esencial porque además se necesita mucho material probatorio en la fase judicial". Además, los accidentes tienen un coste para el conjunto de la economía: las mutuas se gastan al año 2.200 millones de euros en pensiones y seguros para accidentados.
