SEVILLA

13/09/2006  -  EUROPA PRESS

El director general de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, Raimundo Aragón, anunció que en un mes estará lista y se publicará la Orden que permitirá crear un órgano consultivo y participación de agentes sociales con el Gobierno central en materia de Inspección de Trabajo, ente donde también estarán presentes como invitadas las comunidades autónomas.

Aragón realizó este anuncio durante la inauguración en Sevilla de las VI Jornadas Técnicas de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social y de la exposición conmemorativa organizada por la Consejería de Empleo y el Ministerio de Trabajo con motivo del I Centenario de esta institución.

En su intervención, Aragón precisó que esta medida "vendrá a cubrir el vacío existente a nivel nacional, pues las comunidades autónomas ya cuentan con órganos donde se consulta y se informa de la actuación de la Inspección".

Agregó que la elaboración de la orden "está ya muy avanzada" y pendiente de los informes técnicos. Explicó que las consultas previas con agentes sociales y comunidades autónomas ya se han efectuado, de forma que en un mes se publicará dicha Orden y se constituirá dicho órgano "de forma inmediata".

La idea de Aragón es conseguir que para la planificación y programación de las actividades de la Inspección para 2007 "ya se tenga en cuenta la opinión de los agentes sociales a nivel estatal".

Precisó que esta medida es una de las decisiones incluidas en el Acuerdo Para la Mejora del Empleo y en un Real Decreto Ley, donde también se incluirá una actualización de las sanciones, que finalmente se llevará a cabo desde la fecha de aprobación de cada una de las leyes aprobadas, de forma que las cuantías de dichos incrementos variarán en relación con la fecha que se aprobaron "pues incluso hay leyes de los años 80".

De esta forma, se adecuarán la cuantía de las sanciones de acuerdo con el incremento del IPC "y éstas no tendrán una cuantía uniforme, de forma que en algunos casos se actualizará hasta el 100 por cien de la cuantía, en el caso de las sanciones más bajas y aprobadas hace más tiempo, mientras que en otros casos el incremento será menor".

Esta actualización está prevista para el mes de noviembre o principios de diciembre, de forma que pueda entrar en vigor a partir de 2007. "A las empresas no les puede resultar más rentable pagar la sanción y no cumplir", agregó Aragón.

Además, dicho acuerdo contempla el hecho de que la Inspección de Trabajo promoverá entre sus efectivos un criterio técnico, que tendrá el carácter de buena práctica y recomendación, que consiste en fomentar la participación de técnicos representantes de los trabajadores y de los empresarios en las visitas de la Inspección, de forma que "cuando un inspector acuda a un centro de trabajo estos técnicos les acompañarán en sus visitas, ayudarán al inspector para que pueda hacerse una idea global, les realizarán sugerencias y después deberán ser informados de los resultados de dicha visita".

Precisó que estas prácticas se llevarían a cabo "salvo que consideren que advirtiendo de esa visita se pueda frustrar el resultado de la Inspección, algo que sólo sucede en casos de fraude flagrante y de aquellos casos donde se sepa de antemano que hay trabajadores en situación irregular".

Por otro lado, recordó el compromiso de aumentos de efectivos en materia de inspectores y subinspectores hasta llegar a unos 1.000 antes de que acabe la legislatura.

Explicó en ese sentido que Andalucía se incluirá en el reparto entre las comunidades autónomas, un reparto sobre el que todas las regiones "llegaron a establecer una serie de criterios uniformes, como población, número de afiliados, número de empresas o dispersión geográfica".

"El objetivo de todas las comunidades autónomas es que no haya diferencias entre ellas, de forma que en sucesivos concursos las comunidades que están por encima de ciertos niveles reciban menos efectivos o no reciban y las que estén por debajo de ciertas cifras reciban nuevos efectivos, con la idea de llegar a finales de legislatura a acabar con el desequilibrio regional", agregó Aragón.

Raimundo Aragón destacó el elevado nivel de colaboración entre la Inspección y la Junta "que redunda en una mayor eficacia en el sistema". También insistió en ese sentido en que "la mayor colaboración se convierta en corresponsabilidad con las comunidades.

Por último, Aragón abogó por la necesidad de "acabar con determinadas inercias en la práctica inspectora, así como por una mayor integración de los agentes sociales en la planificación y actuación de la actividad inspectora".

Información Acto - Web Junta de Andalucia.