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Los graduados sociales ejercen una profesión regulada como asesores jurídicos en materia socio-laboral, expertos en relaciones laborales y recursos humanos. Junto a abogados y procuradores, los graduados sociales pueden intervenir ante los órganos judiciales de la jurisdicción social. En este sentido, el artículo 545.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que: "en los procedimientos laborales y de Seguridad Social la representación técnica podrá ser ostentada por un graduado social colegiado, al que serán de aplicación las obligaciones inherentes a su función, de acuerdo con lo dispuesto en su ordenamiento jurídico profesional".
Entre sus principales competencias están:
Para poder ejercer la profesión de Graduado Social, han de cumplirse los siguientes requisitos:
En la actualidad, el Ministerio de Trabajo y Economía Social es competente para:
Por efecto del Real Decreto 204/2024, de 27 de febrero se entienden atribuidas a la Dirección General para el Servicio Público de Justicia, bajo la dirección de la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, las siguientes competencias anteriormente ejercidas por el antiguo Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social: