La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, asistió el 3 de julio a un encuentro con representantes del sector de los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social. La secretaria de Estado de Economía Social, Amparo Merino, acompañó a Yolanda Díaz en este acto celebrado en Madrid en el Espacio Talento Digital de la Fundación Once, con el propósito de reconocer, fortalecer y proyectar el papel de este sector dentro de la economía social.

Durante su intervención, Díaz manifestó que ante el “intrusismo de determinados Centros Especiales de Empleo de iniciativa empresarial que, alejados de los principios de la economía social, operan con lógicas puramente lucrativas, los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social representáis un modelo empresarial que reinvierte sus beneficios y responde a un fin social claro: garantizar el derecho al trabajo digno para las personas con discapacidad”.

Uno de los temas centrales del encuentro ha sido el avance que supondrá el Proyecto de Ley Integral de Economía Social, actualmente en tramitación parlamentaria. “La norma reconoce expresamente a estos centros como herramienta decisiva en el sector, refuerza la coherencia normativa y da respuesta a un vacío legal que ha permitido prácticas desleales”, ha explicado la ministra.

La vicepresidenta segunda ha citado también la importancia de mantener la contratación pública reservada, como instrumento clave para la sostenibilidad y consolidación de los Centros Especiales de Empleo de Iniciativas Social.

Los centros especiales de empleo  de Iniciativa Social son entidades que tienen como finalidad realizar un trabajo productivo, participando regularmente en el mercado, asegurar un empleo remunerado y la prestación de servicios de ajuste personal y social que requiera su personal con discapacidad. Los de iniciativa social son los participados en más de un 50%, directa o indirectamente, por una o varias entidades, ya sean públicas o privadas, que no tengan ánimo de lucro o que tengan reconocido su carácter social en sus Estatutos, ya sean asociaciones, fundaciones, corporaciones de derecho público, cooperativas de iniciativa social u otras entidades de economía social.