Forman parte de la economía social las cooperativas, las mutualidades, las fundaciones y las asociaciones que lleven a cabo actividad económica, las sociedades laborales, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, las cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de transformación y las entidades singulares creadas por normas específicas que se rijan por los principios establecidos en el artículo 4 de la Ley de la Economía Social.

Estas entidades actúan sobre la base de una serie de principios orientadores, tales como:

• Primacía de las personas y del fin social sobre el capital, que se concreta en gestión autónoma y transparente, democrática y participativa, que lleva a priorizar la toma de decisiones más en función de las personas y sus aportaciones de trabajo y servicios prestados a la entidad o en función del fin social, que en relación a sus aportaciones al capital social.
• Aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica principalmente, en función del trabajo aportado y servicio o actividad realizada por las socias y socios o por sus miembros.
• Promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la cohesión social, la inserción de personas en riesgo de exclusión social, la generación de empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la sostenibilidad.
• Independencia respecto a los poderes públicos.

Gracias a los valores en los que se sustenta la economía social, esta se ha convertido en uno de los 14 ecosistemas industriales claves para la resiliencia, la autonomía estratégica, y el desarrollo sostenible de la Unión Europea. La economía social es estandarte fundamental de la recuperación y crecimiento económico sostenible, justo e inclusivo. Al mismo tiempo, actúa como catalizadora de una transición verde y digital justa.

Además, la economía social, como ecosistema vanguardista, ofrece soluciones innovadoras a grandes desafíos del presente como la necesaria creación de empleos de calidad, la cohesión territorial, la lucha contra el cambio climático, la transición demográfica, la igualdad entre mujeres y hombres, el fomento de la cultura del emprendimiento, la transición digital justa, o la reducción de las desigualdades.

De igual forma, las redes de proximidad que despliega la economía social permiten conformar sinergias de desarrollo local y de arraigo de la población al territorio, mediante la generación de empleo estable y de calidad, contribuyendo así a abordar el reto demográfico y la lucha contra la despoblación en áreas rurales y suburbanas.

Para concluir, podemos resumir que la economía social se configura como una forma alternativa de entender la economía, que busca poner en el centro a las personas en lugar de al capital. Las empresas y entidades de la economía social se configuran de forma democrática dotando de voz a sus integrantes y buscando una manera más sostenible de entender el trabajo. Prioriza el bienestar colectivo y, en muchas ocasiones, actúa como un impulso para las personas que se encuentran en situación o en riesgo de exclusión social.

Además, la economía social enriquece aquellas zonas despobladas que buscan alternativas a las formas económicas y empresariales tradicionales. Contribuye a su desarrollo y crecimiento económico, aumentando las oportunidades para colectivos que encuentran mayores dificultades a la hora de acceder al mercado laboral, especialmente para mujeres y jóvenes.

Gracias a la economía social se desarrollan proyectos a escala local, que inciden positivamente en la calidad de vida de las personas, contribuyendo a disminuir las desigualdades y favoreciendo un estilo de vida más sostenible.