Son sociedades constituidas por personas que se asocian en régimen de libre adhesión y baja voluntaria para la realización de actividades empresariales, encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y sociales. Se caracterizan por tener una estructura y funcionamiento democrático, atendiendo a los principios cooperativos aceptados y regulados en los ámbitos autonómico, estatal e internacional. Dentro de las de primer grado se pueden encontrar cooperativas:

• De trabajo asociado: son las que tienen por objeto proporcionar a sus socios puestos de trabajo a través de la organización en común de la producción de bienes o servicios para terceros.
• De consumidores y usuarios: tienen por objeto el suministro de bienes y servicios adquiridos a terceros o producidos por sí mismos, para uso o consumo de los socios y de quienes con ellos conviven.
• De viviendas: son aquellas que asocian a personas físicas que necesitan alojamiento y/o locales para sí y las personas con las que conviven.
• Agroalimentarias: asocian a titulares de explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales que tengan como objeto la realización de todo tipo de actividades y operaciones dirigidas al aprovechamiento de dichas explotaciones, desarrollo del mundo rural y mejora de la población agraria.
• De explotación comunitaria de la tierra: son las que asocian a titulares de derechos de uso y aprovechamiento de tierras (u otros bienes inmuebles susceptibles de explotación agraria) que ceden dichos derechos a la cooperativa para su explotación común.
• De servicios: asocian a personas titulares de explotaciones industriales o de servicios y a profesionales o artistas que desarrollen su actividad por cuenta propia, con el objeto de prestar suministros y servicios, o producir bienes para la mejora de las actividades de sus socios.
• Del mar: tienen por objeto la prestación de suministros y servicios y la realización de operaciones encaminadas a la mejora de la actividad profesional o explotación de sus socios, asociando para ello a personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones dedicadas a actividades pesqueras o de industrias marítimo-pesqueras y derivadas, así como a profesionales por cuenta propia de dichas actividades.
• De transportistas: son aquellas que asocian a personas físicas o jurídicas, titulares de empresas de transporte o profesionales que puedan ejercer la actividad de transportistas (ya sea de personas, cosas o mixto), y que tienen por objeto la realización de operaciones dirigidas a la mejora económico-técnica de las explotaciones de sus socios.
• De seguros: son aquellas que ejercen una actividad aseguradora en los términos y con los requisitos que establece la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro. Supletoriamente, se regirán por la normativa recogida en la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas.
• Sanitarias: son aquellas que desarrollan su actividad en el área de la salud. Podrán estar constituidas por los prestadores de la asistencia sanitaria, por los destinatarios, o por ambos. Además, podrán desarrollar actividades conexas, incluso las de carácter preventivo. Cuando asocien a profesionales de la medicina les será de aplicación la normativa de cooperativas de trabajo asociado. Cuando asocien a los destinatarios de la asistencia, se regirán por la normativa de cooperativas de consumidores y usuarios.
• De enseñanza: son las que tienen por objeto desarrollar actividades docentes, complementarias, extraescolares y demás actividades conexas, así como prestar servicios que faciliten dichas actividades. Se aplicará la normativa para las cooperativas de consumidores y usuarios cuando asocien a padres de alumnos, representantes legales o incluso alumnos. En caso de asociar a profesores y personal de servicios, se regirán por las normas de las cooperativas de trabajo asociado.
• De crédito: son aquellas cuya finalidad es tratar de satisfacer las necesidades de crédito y ahorro de los socios que la integran. Cumplen las mismas funciones que un banco, estando vinculados a una función social o una localidad, ofreciendo préstamos cuyo destino sea el interés rural, teniendo por tanto una mayor presencia en zonas rurales.

Para más información accede a la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas.

Son sociedades sin ánimo de lucro, con estructura y gestión democráticas, que ejercen una actividad aseguradora de carácter voluntario, complementaria del sistema de previsión de la Seguridad Social. Se caracterizan por la participación democrática de todos los mutualistas en los órganos de gobierno, igualdad de derechos y obligaciones de los mutualistas, y la asignación del excedente económico a la formación de un patrimonio propio y al reparto de los beneficios obtenidos entre todos los mutualistas.

Para más información accede al Real Decreto 1430/2002, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de mutualidades de previsión social.

Son aquellas sociedades mercantiles en las cuales la mayoría del capital social estará en manos de trabajadores, que presten en ellas servicios retribuidos de forma personal y directa, en virtud de una relación laboral por tiempo indefinido. En éstas, ninguno de los socios podrá ser titular de acciones o participaciones sociales que representen más de la tercera parte del capital social, salvo los casos que prevea la ley.

Además, es requisito de este tipo de entidades, que el número de horas al año trabajadas por los trabajadores contratados por tiempo indefinido los cuales no sean socios no podrá ser superior al 49% del cómputo global de horas-año trabajadas en la sociedad laboral por el conjunto de los socios trabajadores.

Para más información accede a la Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y Participadas.

Tendrán la consideración de empresas de inserción, aquellas sociedades mercantiles o sociedades cooperativas legalmente constituidas que, realicen cualquier actividad económica de bienes y servicios, y cuyo objeto social tenga como fin la integración y formación sociolaboral de personas en situación de exclusión social como tránsito al empleo ordinario.

Al mismo tiempo, las empresas de inserción deberán proporcionar a las personas trabajadoras en riesgo de exclusión social itinerarios de inserción sociolaboral, entendiendo por tales, medidas de intervención y acompañamiento que tienen por objeto promover su integración en el mercado laboral ordinario.

Estos itinerarios consistirán en el conjunto de servicios, prestaciones, procesos, acciones de orientación, tutoría y procesos personalizados y asistidos de trabajo remunerado, formación en el puesto de trabajo, habituación laboral y social encaminados a satisfacer o resolver problemáticas específicas derivadas de la situación de exclusión que dificultan a la persona un normal desarrollo de su itinerario en la empresa de inserción. Para realizar estas labores, las empresas de inserción han de contar con técnicos de tutorización y acompañamiento a la inserción.

Otro requisito característico de estas empresas es que deberán mantener en cómputo anual, desde su calificación, un porcentaje de trabajadores en proceso de inserción, cualquiera que sea la modalidad de contratación de al menos el 30% durante los tres primeros años de actividad y del 50% del total de la plantilla a partir del cuarto año, no pudiendo ser el número de aquellos inferior a dos.

Por lo tanto, las empresas de inserción tienen como finalidad no sólo la inserción laboral de las personas en riesgo de exclusión social al mercado laboral ordinario, sino la mejora de la calidad de vida de estas personas.

Para más información accede a la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción.

Los Centros Especiales de Empleo son empresas cuyo objeto principal es el de realizar una actividad productiva de bienes o de servicios, participando regularmente en las operaciones del mercado, y tienen como finalidad proporcionar a los trabajadores con discapacidad la realización de un trabajo productivo y remunerado, adecuado a sus características personales al mismo tiempo que facilita la inclusión de estas personas en el régimen de empleo ordinario. Es por ello por lo que estos centros deberán prestar, a través de las unidades de apoyo, los servicios de ajuste personal y social que requieran las personas trabajadoras con discapacidad, según sus circunstancias y conforme a lo que se determine reglamentariamente.

La plantilla de los Centros Especiales de Empleo estará constituida por el mayor número de personas trabajadoras con discapacidad que permita la naturaleza del proceso productivo y, en todo caso, por el 70% aquélla. A estos efectos, no se contemplará el personal sin discapacidad dedicado a la prestación de servicios de ajuste personal y social.

Los Centros Especiales de Empleo de iniciativa social son aquellos que están promovidos y participados en más de un 50%, directa o indirectamente por una o varias entidades, ya sean públicas o privadas que no tengan ánimo de lucro o que tengan reconocido su carácter social en sus Estatutos.

Para más información accede al Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

Las Cofradías de Pescadores son Corporaciones de Derecho Público sin ánimo de lucro que gozan de personalidad jurídica y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, cuyo objeto principal es la representación de los intereses económicos de armadores de buques de pesca y de trabajadores del sector extractivo del mar.

Estas Cofradías actúan como órganos de consulta y colaboración con las administraciones locales y nacionales competentes en materia de pesca marítima y de ordenación del sector pesquero sobre temas de interés general, y en concreto respecto a la actividad extractiva pesquera y su comercialización, especialmente en los sectores artesanal y de bajura.

Estas Cofradías contribuyen a promover un futuro sostenible para la industria pesquera al mismo tiempo que protegen y preservan los derechos e intereses de los pescadores y pescadoras, mejorando sus condiciones de trabajo y el desarrollo local.

Para más información accede al Real Decreto 670/1978, de 11 de marzo, sobre Cofradías de Pescadores.

Las Sociedades Agrarias de Transformación, en adelante SAT, son Sociedades civiles con personalidad jurídica propia, de finalidad económico-social, y su habilitación precisa de su constitución y posterior inscripción en el registro correspondiente. Estas sociedades tienen por objeto la producción, transformación y comercialización de productos agrícolas, ganaderos o forestales, la realización de mejoras en el medio rural, la promoción y desarrollo agrarios, así como la prestación de servicios comunes que sirvan a aquella finalidad. El asociacionismo agrario permite una mayor participación del sector en toda la cadena alimentaria y constituye un importante elemento vertebrador del medio rural.

Para más información accede al Real Decreto 1776/1981, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto que regula las Sociedades Agrarias de Transformación.

Según datos de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social, en adelante CEPES, los distintos actores de la economía social en España suponen el 10% del total del PIB a la vez que contribuyen al 12,5% del empleo. El tejido de la economía social está formado por 43.000 empresas y entidades que generan casi 2,2 millones de empleos.

En este sentido, el informe elaborado por CEPES, “Las empresas más relevantes de la economía social 2022-2023” (2023), refleja la pluralidad de este modelo empresarial en España.

La muestra que constituye la base de este estudio abarca 3.310 empresas que facturan en total 206.228 millones de euros y generan 471.449 de empleos.

Atendiendo a un criterio tipológico, encontramos las siguientes empresas de economía social en la muestra estudiada:

Tipo de empresa

1. Cooperativas
2. Cofradías de pescadores
3. Sociedades laborales
4. Empresas de inserción
5. Sociedades agrarias de transformación
6. Centros especiales de empleo
7. Mutualidades
8. Fundaciones y asociaciones
9. Grupos empresariales

1. Cooperativas: un total de 2.506, representando el 75.70% de la muestra.
2. Cofradías de pescadores: son un total de 199, que suponen el 6.19% de la muestra analizada.
3. Sociedades Laborales: suponen un total de 178, que representan el 5.54% de las empresas estudiadas.
4. Empresas de inserción: son 159 empresas, lo que representa el 4.98%.
5. Sociedades Agrarias de Transformación: estas son 117, un total de 3.64% de las empresas analizadas.
6. Centros Especiales de Empleo: suponen el 3.27% de la muestra, un total de 105.
7. Mutualidades: son 20 en total, lo que significa un 0.62% de la muestra.
8. Fundaciones y asociaciones: son 15 en total, lo que ocupa el 0.47%.
9. Grupos empresariales: son los menos, un total de 11 que supone el 0.34%.

Por otro lado, atendiendo al tamaño de la empresa, la muestra queda dividida de la siguiente forma:

Tamaño de empresa

1. Microempresas
2. Pequeñas empresas
3. Empresas medianas
4. Grandes empresas

1. Microempresas (menos de 9 trabajadores): son las más abundantes, representando un total del 39% de la muestra.
2. Pequeñas empresas (entre 10 y 49 trabajadores): son el segundo tipo más abundante, con un total del 36% de las empresas estudiadas.
3. Empresas medianas (entre 50 y 249 trabajadores): suponen el 17% del total.
4. Grandes empresas (más de 250 trabajadores): son el grupo menos abundante, representando el 10% de la muestra.

Atendiendo al sector económico en el que desarrollan su actividad, las empresas de Economía Social incluidas en la muestra quedan divididas de la siguiente manera:

Sector económico

1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
2. Servicios
3. Construcción
4. Industria
5. Multisectorial

1. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca: es el sector más abundante con amplia diferencia. En este sector se aglutina el 74.2% del total de las empresas estudiadas.
2. Servicios: abarcan un 16.3% de la muestra.
3. Construcción: suponen el 5.4% de la muestra analizada.
4. Industria: con una representatividad algo inferior al sector de la construcción, las empresas dedicadas a la industria suponen el 4.1% de las analizadas.
5. Multisectorial: con diferencia, el sector menos concurrido. Suponen un 0.1% de la muestra.

Las políticas públicas son el conjunto de actuaciones dirigidas a la satisfacción del interés general o a la solución de un problema o necesidad públicos, que pueden cristalizar en normas, estrategias, planes, programas, medidas, o cualquier otra denominación equivalente.

Debido a ello, España, tanto a través del Ministerio de Trabajo y Economía Social como desde las distintas administraciones autonómicas en base a sus respectivas competencias, está impulsando diferentes políticas públicas cuyo objetivo es promover, afianzar e impulsar la economía social española.

Además del PERTE de Economía Social y de los Cuidados, que juega un papel central en el impulso a la economía social española, pueden destacarse las siguientes políticas públicas:

En primer lugar, destaca el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de abril de 2023 por el que se aprueba la Estrategia Española de la Economía Social 2023-2027. Esta Estrategia se encuentra alineada con los objetivos de la Agenda 2030 y el Plan de Acción Europeo de la Economía Social y cuenta, con cuatro ejes prioritarios, y 18 líneas de actuación que se concretan en 133 actuaciones.

Los cuatro ejes prioritarios se concretan en:

1. La visibilidad y participación de la economía social en el ámbito institucional y en el marco normativo.
2. La mejora de la competitividad promoviendo la innovación y la transformación digital.
3. El emprendimiento y los sectores emergentes fomentando que las empresas de economía social sean una opción real para el emprendimiento.
4. La sostenibilidad social y territorial contribuyendo a la igualdad de género, el relevo generacional y a la cohesión territorial.

Entre sus actuaciones destacan: promover la creación de plataformas colaborativas, apoyar el emprendimiento colectivo en zonas rurales o respaldar la integración de las mujeres en situación o riesgo de vulnerabilidad a través de las fórmulas de la economía social.

Todas estas políticas públicas buscan contribuir al impulso y crecimiento de la economía social española al mismo tiempo que mejorar la economía, la sociedad, y la calidad de vida de las personas, promoviendo el bienestar de las personas por encima del capital.