El Proyecto de Ley Integral de Impulso de la Economía Social ha sido aprobado por mayoría en la ponencia de la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso.

Este proyecto de Ley, que actualiza y mejora la Ley 27/1999 de Cooperativas, la Ley 44/2007 para la Regulación del Régimen de las Empresas de Inserción y la Ley 5/2011 de Economía Social, tiene por objetivo adaptar estas normas y dotarlas de mayor claridad y seguridad jurídica, con nuevas definiciones de estas entidades y de los colectivos que integran la economía social.

Para la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, esta es una norma que “moderniza nuestro modelo cooperativo, impulsa nuevas formas de participación, refuerza la igualdad y amplía la inserción laboral para colectivos vulnerables. España sigue apostando por una economía con derechos y al servicio de la gente”.

La nueva legislación permite adaptar el funcionamiento interno de las cooperativas a las nuevas formas de comunicación y participación basadas en la implantación de las nuevas tecnologías respetando los derechos de información y uso de las nuevas tecnologías; reflejar la realidad de las cooperativas en materia de igualdad efectiva habilitando herramientas ajustadas a su singularidad, entre otros con los planes de igualdad cooperativos; fomentar un funcionamiento ágil y ajustado a los valores cooperativos, así como medidas para la promoción del cooperativismo.

También busca potenciar nuevas fórmulas innovadoras como la vivienda en cesión de uso, el comercio justo o las comunidades energéticas; establecer mecanismos para evitar el intrusismo en las familias de la Economía Social o ampliar los colectivos en situación de vulnerabilidad a efectos de quienes pueden ser contratados bajo la modalidad del contrato de inserción, con referencia expresa a la población gitana y a personas provenientes de procesos de regularización.

Otros elementos destacados es la adecuación de la contratación de personas en tránsito al empleo ordinario a la función del itinerario de inserción y la elevación del porcentaje de contratación pública reservada para el sector público estatal del 10% al 15%. También permitirá definir con claridad las entidades que forman parte de la Economía Social y establecer mecanismos para garantizar la información estadística de las entidades de la economía social y de sus entidades representativas periódicamente actualizada.